Durante los primeros años del reciclaje en Chile, la gestión de residuos era mayoritariamente voluntaria y dependía de iniciativas aisladas de municipalidades, organizaciones ambientales y pequeños emprendimientos dedicados a recolectar materiales como cartón, vidrio y plásticos. En ese periodo no existía una estructura normativa sólida ni obligaciones para fabricantes o importadores, por lo que los niveles de reciclaje eran muy bajos. Hasta fines de la década de 2010, Chile reciclaba apenas alrededor del 10 % de sus residuos, según datos del Ministerio del Medio Ambiente, reflejando un país que recién comenzaba a incorporar prácticas de valorización.
La gran transformación ocurrió con la promulgación de la Ley 20.920, conocida como Ley REP, que estableció la Responsabilidad Extendida del Productor y metas obligatorias de recolección y valorización para productos prioritarios como envases, neumáticos, pilas y aparatos eléctricos. Esta ley marcó el paso de un sistema basado en la voluntad ciudadana a un modelo estructurado de economía circular, donde las empresas deben financiar y organizar sistemas de gestión para hacerse cargo de los residuos que generan. Gracias a ello, comenzaron a expandirse los puntos limpios, los sistemas colectivos de reciclaje y los incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías de tratamiento.
En cuanto a resultados, los montos reciclados han mostrado un crecimiento sostenido, aunque con desafíos pendientes. En 2022 Chile logró valorizar cerca del 47 % del cartón disponible, más de 856 mil toneladas, además de reciclar alrededor de 106 mil toneladas de plásticos, equivalente al 7,8 % del consumo nacional. En 2024, los envases y embalajes alcanzaron una valorización cercana al 33 % del total puesto en el mercado. Si bien estas cifras aún están lejos de los estándares de países altamente desarrollados, evidencian un avance significativo en pocos años y muestran que Chile está construyendo un modelo de reciclaje más maduro, regulado y con metas de crecimiento claras.